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lunes, 14 de febrero de 2011

NORMATIVA EUROPEA CONTRA LA MOROSIDAD


Nueva normativa Europea contra la Morosidad, los gastos de reclamación se incluirán en la deuda

Hace una semanas se aprobó una directiva comunitaria que puede ayudar, en parte, al cumplimiento de los plazos de pago fijados por la Ley contra la Morosidad, que tan pobres resultados está ofreciendo. En concreto, la directiva establece que a partir de ahora, quien sobrepase los plazos de pago establecidos para el pago de sus facturas deberá abonar no sólo el importe de las mismas, sino también todos los gastos derivados de las gestiones que el acreedor haya realizado para poder cobrar esas facturas.

Dentro de esos gastos se incluyen el coste de las llamadas telefónicas u otras comunicaciones realizadas para reclamar el pago de las facturas pendientes (cartas certificadas, burofax, etc.), los gastos de la empresa de gestión de recobro a la que acuda la pyme para poder percibir su dinero a tiempo o los gastos del abogado que se haya contratado para reclamar judicialmente al deudor.

Esta medida ofrece mayor protección al proveedor, sobre todo en los casos en que los retrasos no vienen justificados por la falta de liquidez del deudor sino que se derivan de una práctica sistemática de demora del pago. Lo mismo puede ocurrir con las deudas que las administraciones públicas mantienen con sus proveedores.
Algunas voces se han mostrado a favor de esta medida pero consideran que es insuficiente y reclaman un severo régimen sancionador para estos incumplimientos, incluyendo fuertes multas para los que sobrepasen los plazos de pago.
Por otro lado, y volviendo a las deudas de las administraciones públicas, las sanciones económicas sobre las propias administraciones tampoco suponen una solución, teniendo en cuenta que los gastos y sanciones que acarreen esos incumplimientos repercuten sobre la administración y, al final, sobre los contribuyentes que la sostienen.

Quizá debería de ponerse el acento en la responsabilidad personal de aquellos que provocan estos incumplimientos y en los casos en los que esa política de morosidad es en realidad una estrategia de financiación que permite operar con el dinero de otros.

Acumular facturas sin pagar le saldrá más caro a las empresas españolas

La normativa europea les obligará a indemnizar a sus acreedores si se demoran más de 85 días
Cobrar una factura se ha convertido en una cuestión que requiere altas dosis de paciencia por parte de las pymes y autónomos españoles. Tanto como para esperar hasta más de medio año para poder cobrar por los productos y servicios vendidos a otras empresas o a la Administración. Sin embargo, la Unión Europea ha decidido echarles un cable para evitar que, a los altos plazos de demora, se sumen también los gastos que supone gestionar el cobro del dinero que les adeudan.

El Gobierno español ya modificó el pasado verano la Ley de Morosidad para poner coto a situaciones como que un 29,5% de los autónomos tardara una media de entre 91 y 180 días en cobrar una factura. Según esta normativa, desde el 1 de enero de este año, y hasta el 31 de diciembre, las empresas no podrán tardar más de 85 días en hacer efectivos sus pagos (50 días en el caso de las Administraciones Públicas), un plazo que se reduce en el caso de los productos agroalimentarios y que a partir de 2013 no podrá exceder de 60 días.
Sin embargo, un reciente informe elaborado por Informa D&B, con datos actualizados a diciembre de 2010, refleja que el 57,13% de las compañías no respeta las condiciones de pago pactadas con sus proveedores. Es decir, que sólo una de cada cuatro empresas paga sus facturas dentro de los plazos establecidos. Otros datos recopilados por las distintas asociaciones de autónomos revelan que un 15,3% de estos profesionales por cuenta propia soportó dicha demora por un periodo que oscila entre 60 y 90 días. En el contexto del mercado común europeo, España es uno de los tres países que presenta los plazos de pago más largos.
Tres meses de demora
"En España se tarda más en pagar las facturas porque la legislación no era suficientemente sancionadora", trata de explicar Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia, quien cifra en 98 días la media de tiempo que tarda una empresa española en cobrar una factura, (107 según el experto morosólogo Pere J. Brachfield), por los 55 días de media de la Unión Europea.
Aquí es donde se introduce la novedad aportada desde Bruselas. Y es que el pasado mes de enero se aprobó la reforma de la directiva comunitaria en materia de morosidad, que introduce un nuevo elemento de sanción para acelerar los pagos y evitar que la demora repercuta en la liquidez de las empresas, que tardan más de tres meses en percibir el dinero que les adeudan.
Llamadas telefónicas

¿En qué consiste esta novedad sancionadora? Básicamente en que, a partir de ahora, quien sobrepase los plazos de pago establecidos deberá abonar no sólo el importe a deber, sino también todos los gastos derivados de las gestiones que el acreedor haya realizado para poder cobrar la factura.
Esto incluye desde el coste de las llamadas telefónicas que se realicen desde la empresa al deudor para reclamar el pago de las facturas pendientes, a los gastos de la empresa de gestión de recobro a la que acuda la pyme para poder percibir su dinero a tiempo.
"También se incluye en esta indemnización los gastos del abogado que se haya contratado para reclamar judicialmente al deudor", añade Pere J. Brachfield, vicepresidente de la Asociación Española Profesional de Gestores de Cobro y profesor del Centro de Estudios Financieros y la Escuela de Administración de Empresas. "Es una normativa que protege al proveedor y que va a ser beneficiosa", añade este experto en morosología.
En la práctica esto significa que quien más tarde en pagar, más tendrá que pagar. Sin embargo, ¿es una medida efectiva para reducir la alta tasa de morosidad y largos plazos de retraso que afectan a la tesorería de las pymes y a autónomos españoles?
En opinión de Brachfield, sería conveniente ir más lejos y añadir, a las indemnizaciones para sufragar los gastos de gestión de recobro, multas que disuadan al deudor de seguir demorándose en el pago de las facturas: "Sería interesante fijarse en otras legislaciones más sancionadoras, como la francesa, donde a quien incumple la ley se le imponen multas de hasta 750.000 euros".
Moroso público
Desde el prisma contrario, es decir, el de los deudores, la nueva normativa comunitaria afectará fundamentalmente al sector público, ya que son las administraciones quienes tienen las dilaciones en el pago más largas. Un 17,3% de los autónomos tardó en 2010 entre 181 y 240 días en poder cobrar sus facturas pendientes con administraciones locales.

Más información relacionada con este tema en www.eleconomista.es
Un estudio realizado por Informa D&B a fecha 31 de diciembre de 2010 indica que el 57,13% de las empresas no respetan las condiciones de pago pactadas con sus proveedores, lo que pone de manifiesto la poca efectividad de la Ley contra la Morosidad.
El estudio refleja que sólo el 8,21% de las grandes compañías respetan los plazos de pago, frente al al 50,03% de las micropymes y el 41,42% de las pymes. Sin embargo, una vez que se superan los 120 días de demora el porcentaje de impagos de las grandes empresas baja al 2,37%, lo que da la impresión de que este incumplimiento se hace de manera sistemática y sin ningún motivo aparente.
Por un lado este estudio nos sirve para comprobar que la Ley no está sirviendo para el objetivo que se planteó y además el grado de cumplimiento es inversamente proporcional al tamaño de las empresas, lo que abunda en que el ahogo de las pymes por falta de liquidez viene determinado tanto por la falta de financiación como por la actuación contra las normas de las grandes empresas.

¿Cuál puede ser la explicación de que más del 90% de las grandes empresas paguen tarde a sus proveedores y, sin embargo, ese porcentaje de morosidad se rebaje a menos del 2,5% semanas después? ¿Tan difícil resulta cumplir la Ley y no demorar sistemáticamente esos pagos con el evidente perjuicio a esos proveedores, muchos de ellos pymes con recursos más limitados que pueden verse en grandes dificultades por estos comportamientos?

La posición de poder de las grandes frente a las pequeñas se pone de manifiesto una vez más y la falta de elementos de control sobre este tipo de actuaciones pone en evidencia la efectividad de esta norma, aunque poco se podía esperar de una Ley cuyos primeros incumplimientos ya provenian de las propias Administraciones.

Muchas veces no sólo es suficiente con dictar leyes si no se puede garantizar o vigilar su cumplimiento. Además al falta de un severo régimen sancionador provoca que el “respeto” a dicha norma sea, más bien, pequeño. Lo que nos demuestra que, al final, los grandes pagan como y cuando quieren y los que sufren las consecuencias son los pequeños.